SRN: “LA USURPACIÓN ES UN DELITO, NO UN PROBLEMA DE VECINOS”

La Sociedad Rural de Neuquén expresa su extrema preocupación por el tratamiento que da la Justicia a numerosos casos de usurpaciones de tierras pertenecientes a productores neuquinos, en los que la Justicia actúa como si no se estuviera cometiendo un delito y deja desamparadas a las víctimas.

Asistimos a una nueva escalada de usurpaciones de tierras productivas a manos de grupos que se identifican como comunidades indígenas y que alegan tener derecho sobre tierras cuya propiedad y títulos legales en regla corresponden a familias de productores, y que en casi todos los casos han estado en su propiedad por al menos dos generaciones, sin cuestionamientos previos a la titularidad.

Nuestra institución ha recogido de parte de productores rurales, socios y no socios, la desazón por el hecho de que, frente a la usurpación de la propiedad familiar, la Justicia neuquina, en lugar de dar curso a la causa penal que corresponde, les impone una mediación con los usurpadores. De esta manera, la Justicia evita imputar a los responsables por el delito de usurpación tipificado en el Derecho Penal argentino y lo trata como si fuera un problema de convivencia entre vecinos.

La Constitución Nacional establece en el artículo 14 que todos los habitantes de la Nación gozan del derecho a usar y disponer de su propiedad y en el artículo 109 que nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una sentencia judicial. Hay familias de productores neuquinos a quienes la Justicia no les reconoce esos derechos constitucionales y las obliga a participar de una mediación y cerrar un acuerdo con las mismas personas que ilegalmente les impiden entrar a su casa y sus lugares de trabajo. Arribar a un acuerdo forzado, que luego los usurpadores incumplen sistemáticamente.

La Justicia no solo no cuida, no preserva y no defiende el derecho de propiedad, sino que deja impune la comisión de un delito: el ejercicio de un pretendido derecho mediante vías de hecho que afectan a terceros y que nuestro ordenamiento jurídico no acepta en ningún caso.

Todos los países democráticos del mundo respetan el derecho a la propiedad. Los países más prósperos y con menores índices de desigualdad respetan el derecho de propiedad. Es muy importante que funcionarios judiciales y de gobierno, legisladores, medios de comunicación y la sociedad en su conjunto tomen conocimiento sobre este problema que afecta el estado de derecho, la seguridad jurídica y la economía nacional al poner en jaque la propiedad de productores de alimentos, principal fuente de divisas de nuestro país.

Fernando Sanchez